Survie condena firmemente las maniobras bélicas de las que la ONU y las autoridades francesas están dando muestras en Costa de Marfil y recuerda los incumplimientos de los supuestos “mediadores” en el conflicto, que han dejado que prevalezca la violencia y la impunidad.
Traducido por Rocío Anguiano
Survie condena firmemente las maniobras bélicas de las que la ONU y las autoridades francesas están dando muestras en Costa de Marfil y recuerda los incumplimientos de los supuestos “mediadores” en el conflicto, que han dejado que prevalezca la violencia y la impunidad. Finalmente, Francia y la ONU han decidido intervenir de forma directa en el conflicto marfileño. La situación en la que se encuentra Costa de Marfil es una de las peores que podía haberse producido. A estas alturas, ya nadie se cree que esta intervención armada de la ONU y de Francia, destinada a cambiar un presidente cuestionado por otro legitimado por la sangre, vaya a resolver la crisis del país. Todos los protagonistas de esta crisis, empezando por los clanes políticos y militares que se enfrentan desde hace diez años por el poder, son responsables de este naufragio y del extravío criminal que hoy se intensifica. Pero los supuestos “mediadores” del conflicto no les van a la zaga.
El mandato de “proteger a los civiles marfileños” y de “prohibir el armamento pesado”, esgrimido de forma oportunista por la ONUCI para intervenir militarmente en Abidjan, no puede hacernos olvidar los graves incumplimientos de que han dado muestras esas mismas fuerzas, incapaces de prevenir o de detener las masacres perpetradas en Abidjan, en el oeste de Costa de Marfil y en otras partes, sobre todo en Duékoué. En la etapa anterior, la ONU ya había renunciado a llevar hasta el final el proceso de desarme, desmovilización y reinserción, que debía ser previo a las elecciones y la condición para ratificarlas, tal y como se estableció en los acuerdos de Uagadugu. Cuando el país seguía padeciendo los abusos de milicias y fuerzas armadas (“leales” o “rebeldes”) incontroladas, el foco de atención del activismo diplomático multilateral se situaba en la organización de las elecciones presidenciales.
En una continuidad histórica marcada por una injerencia tenaz y por la voluntad de conservar su influencia militar, económica y financiera, la diplomacia francesa da muestras desde hace muchos años de una actitud parcial, incluso partidista en la crisis de Costa de Marfil, que se ha acentuado tras las elecciones presidenciales y la impugnación de sus resultados. Esta actitud tiene ahora consecuencias especialmente graves en la medida en que ya no se trata de un posicionamiento en un contencioso electoral sino de una implicación directa en el conflicto armado. Los militares franceses de la fuerza Licorne eran los menos indicados para una misión de mantenimiento de la paz, en vista de los sucesos de 2004, cuando abrieron fuego contra la multitud delante del Hotel Ivoire. Ahora, son esos mismos soldados quienes, bajo el paraguas de una legitimidad de la ONU muy discutible y siempre bajo mando operativo francés, contribuyen a imponer mediante las armas un nuevo presidente a un país desgarrado. Los bombardeos del palacio presidencial y de la Radio Televisión marfileña por los helicópteros franceses, al margen de su carácter marcadamente simbólico, exceden el mandato de la ONU. Esta intervención brutal ilustra una vez más la total prepotencia del poder ejecutivo francés en la puesta en marcha de una operación militar de tan graves consecuencias, sin ningún tipo de control parlamentario.
Sea cual sea el resultado de las urnas, Alassane Ouattara solo obtiene hoy su legitimidad mediante las armas, las de los rebeldes, y las de la ONU y Francia. Ahora, es difícil imaginar una salida pacífica a la situación actual. Y a eso hay que añadir que la unanimidad, en Francia, para denunciar, con razón, los crímenes cometidos por las fuerzas de Laurent Gbagbo se ha visto acompañada de una ceguera sobre los cometidos por los partidarios de Alassane Ouattara, que son igualmente graves. Sin embargo, es necesario acabar con la impunidad de unos y otros que reina desde hace diez años. Es imprescindible que la Corte Penal Internacional (CPI) se haga cargo de manera imparcial y total del conjunto de crímenes que se han cometido en Costa de Marfil, y así lo ha solicitado la misma Corte. Al mismo tiempo, es preciso poner en marcha un proceso de Verdad, Justicia y Reconciliación en el país, tal y como lo pide la Convención de la Sociedad Civil Marfileña (CSCI).
Por último, además de los aspectos criminales, los dos bandos que se enfrentan hoy tienen en común el hecho de haber apartado sistemáticamente a los actores de la sociedad civil del terreno político. Si la comunidad internacional quiere resultar creíble en su voluntad declarada de actuar en favor de la paz en Costa de Marfil, debe imponer la presencia de la sociedad civil marfileña en todos los procesos de la transición.
Fuente: http://survie.org/francafrique/cote-d-ivoire/article/cote-d-ivoire-la-guerre-et-l
