Genocidio tutsi en Ruanda: diecisiete años de impunidad en el “país de los Derechos Humanos”

Publié le 20 de abril de 2011 - CPCR, Survie

Présumés génocidaires en France Complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda

El siete de abril hizo diecisiete años que se iniciaba en Ruanda el genocidio de cerca de un millón de tutsis. Este genocidio no habría sido posible sin la pasividad de la comunidad internacional, pero sobre todo sin la complicidad de un círculo restringido de responsables políticos y militares franceses de aquella época. Aunque se han abierto expedientes judiciales en Francia contra militares franceses que sirvieron en Ruanda y contra presuntos genocidas que residen en el país, es preciso señalar que no se ha entablado todavía ningún proceso. La asociación Survie y el CPCR (1) renuevan su llamamiento para que se esclarezca cualquier tipo de implicación de Francia en el genocidio y para que deje de reinar la impunidad en el territorio francés.

Ya en 1993, antes incluso de que se perpetrara el genocidio, la Asociación Survie advertía de los riesgos de masacres y denunciaba el apoyo de las autoridades francesas al régimen etnocéntrico del general Habyarimana. Desde entonces, numerosos trabajos de investigadores, ONG, periodistas o simples ciudadanos han revelado la magnitud del apoyo francés a los genocidas, durante y después del genocidio. Según la Asociación Survie, ese apoyo constituye una complicidad en genocidio en la medida en que los medios humanos, militares y económicos facilitados a los asesinos contribuyeron a la perpetración de ese crimen imprescriptible.

A partir de 1995, se presentaron en Francia varias denuncias contra presuntos genocidas que habían buscado refugio en el país con la intención de eludir la justicia ruandesa e internacional. A pesar de la implicación de varias ONG, entre ellas Survie, junto al CPCR, y la apertura de varios expedientes judiciales, todavía no se ha juzgado a ninguno de los presuntos genocidas, todo lo contrario de lo que ha pasado en Suiza, Canadá, Bélgica, Países Bajos y recientemente en Alemania. Francia, en cambio, fue condenada en junio de 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “por la lentitud a la hora de administrar justicia” en el caso Wenceslas Munyeshyaka. Es cierto que recientemente se han llevado a cabo arrestos de presuntos genocidas, buscados por la Interpol, pero nada garantiza que vayan a ser realmente juzgados. Por todo ello, la Asociación Survie y el CPCR apoyan el proyecto de ley que propone la creación de una sala de instrucción especializada en “genocidios y crímenes contra la humanidad” en el Tribunal de Primera Instancia de París. Tras largos meses de espera, la ley llegará por fin al Senado el próximo 14 de abril. Además, nuestras asociaciones piden que se dote de medios reales (esencialmente humanos y materiales) a esa sala de instrucción (que podría empezar a funcionar en 2012) para que pueda efectuar sus investigaciones de forma adecuada y, dado el caso, enviar a los imputados ante los tribunales franceses competentes.

Las denuncias contra los presuntos genocidas no son las únicas: nueve denuncias contra X, que apuntan a militares franceses, se encuentran en proceso de instrucción en el Tribunal Militar de París (TAP). La mayoría de ellas las presentaron en 2005 víctimas tutsis por “complicidad en genocidio y complicidad en crimen contra la humanidad”. y señalan sobre todo a soldados que participaron en la operación supuestamente “humanitaria” Turquesa. Dado que los militares franceses estaban a las ordenes de los responsables políticos, es posible que la instrucción de esas denuncias permita acusar a los que tomaban las decisiones en ese momento. En estas denuncias, aunque varias ONG entre las que se encuentran Survie, la FIDH y la LDH se hayan constituido en partes civiles en el caso, una vez más apenas se han notado avances. La mayoría de los responsables políticos y militares no han declarado aún, mientras que muchos documentos están todavía protegidos por la clasificación como “alto secreto”, a pesar de la desclasificación parcial de algunos de ellos.

Por todo ello, la Asociación Survie y el CPCR piden a las autoridades francesas:

el levantamiento de la clasificación de “alto secreto” de todos los elementos relacionados con las actuaciones de Francia en Ruanda de 1990 a 1994 y, en particular, de las relaciones con los autores del genocidio;
la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el papel de Francia y de los dirigentes franceses en Ruanda, encargada de identificar las responsabilidades de todos ellos;
la creación rápida, tras la votación de la ley, de la sala de instrucción sobre los genocidios y los crímenes contra la humanidad y su dotación en medios materiales y humanos suficientes para que los jueces a cargo de estos procesos puedan llevar sus investigaciones hasta posibles enjuiciamientos.

Para dar eco a sus reivindicaciones, la Asociación Survie puso en marcha hace un mes una campaña de interpelación a los cargos electos locales y nacionales a través de un correo destinado a movilizarles para que se esclarezca toda la verdad sobre la implicación francesa en el genocidio tutsi y que por fin se haga justicia.